Positiva la captura del Chapo. Felicitaciones a las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y a los policías federales que participaron. Sin embargo, esa captura no es la que más desean los ciudadanos, sino la de altos funcionarios y sus socios que han saqueado estados, dependencias y empresas estatales.

La captura del Chapo limpió un poco la imagen del gobierno en el extranjero y demostró que cuando se quieren hacer las cosas se logran. Esa captura enmienda una falla, pero no reduce la inseguridad, ni implica una baja en la exportación o consumo de drogas, tanto en México como en Estados Unidos, tampoco mejora la situación económica.

El crimen organizado no sólo se da entre los narcos, también en los diferentes niveles de gobierno, desde el federal hasta los municipios.

Ahí hay crimen organizado para extorsionar a comerciantes, empresarios y ciudadanos comunes, lavar dinero robado de los impuestos u obtenido por adjudicar obras o compras a sobreprecios. Hasta la fecha los principales responsables de esos hechos gozan de impunidad. No hay ninguna autoridad que le dé seguimiento a las denuncias públicas o resultados de auditorías de la ASF que exhiben desvíos millonarios en varios estados.

En Brasil, gracias a un juez federal honesto y valiente, Sergio Moro, se investigaron a gobernadores, legisladores, secretarios de Estado y altos funcionarios de Petrobras, Electrobras y de bancos estatales, que en contubernio con particulares, contratistas y líderes de partidos políticos, se robaron miles de millones de dólares. Varios de ellos están en la cárcel.

En Brasil, donde el populismo y la corrupción destruyeron la economía, surge la esperanza entre los ciudadanos al ver que el crimen organizado entre funcionarios, contratistas y políticos ya no está en la completa impunidad.

Si queremos lavar la imagen de corrupción que tienen los gobernantes en México, no debemos quedarnos satisfechos con la captura de uno de los principales capos del crimen organizado, sino investigar y encarcelar a los “capos” del crimen organizado ligados a gobernadores, contratistas y dirigentes de partidos políticos. Solamente así podremos decir que en México hay un Estado de derecho, no hay impunidad ni intocables y se combate la corrupción