En mayo de 2015 se modificaron 14 artículos constitucionales para institucionalizar en todos los niveles de gobierno el combate a la corrupción. A un año de la promulgación de esas reformas por el Presidente de la República, siguen atoradas la aprobación de las leyes secundarias, indispensables para un marco legal que combata eficazmente la corrupción.

De 656 actos de corrupción denunciados penalmente por la Auditoria Superior de la Federación, de 1998 al 2015, según su titular, 19, menos del 3%, han sido consignados. El porcentaje de impunidad es del 97%. La mayoría de las denuncias están atascadas en la PGR.

Una de las causas del fracaso de la lucha contra la corrupción es que la mayoría de las instancias que la combaten violan el principio jurídico de que “no se puede ser juez y parte”. Un funcionario subordinado del Presidente no debe investigar al Presidente, ni uno nombrado por un gobernador, investigar al gobernador.

En los estados los desvíos de los recursos públicos los investigan procuradores o fiscales escogidos por el gobernador del estado o un Congreso, cuya mayoría está controlada por el gobernador. Los saqueos en varios estados, documentados por la ASF, han quedado impunes. Varios gobernadores presumen en privado, sin micrófono visible que deje prueba, que el actual gobierno federal no les puede hacer nada porque parte del dinero que “tomaron” del fisco estatal o recolectaron entre proveedores y hasta de la delincuencia organizada, lo entregaron para campañas estatales y federales de candidatos del PRI.

Al PRI no le conviene que un organismo autónomo como la ASF, más cercano al Congreso que al ejecutivo, tenga competencia para consignar ante los jueces actos de corrupción de funcionarios, sin pasar por los ministerios públicos, que son parte del poder ejecutivo federal o de los estatales. Si ASF consignara directamente a los jueces, competencia que deberían otorgarle, varios de los gobernadores que financiaron el regreso del PRI al poder podrían ir a la cárcel. El PRI no apoya leyes que agilicen consignaciones por corrupción. Prefieren mediante argucias, prescripción o instancias que controlan, seguir garantizando impunidad a ex gobernadores, como el de Coahuila, patrocinador electoral del PRI con dinero del fisco