El Papa Francisco se ha referido en varias ocasiones a las penurias que sufren los indocumentados que emigran por la pobreza, guerras o escasez de oportunidades para adquirir un trabajo o abrir un negocio en sus países de origen.
La falta de documentos les impide obtener un empleo, tener una cuenta bancaria o ser propietarios de un terreno o una casa. Son unos parias, perseguidos por el “delito” de no tener documentos. Pero esa situación no ocurre sólo entre quienes llegan “ilegalmente” de otros países, sino con millones de ciudadanos en su país de origen.
En México cerca de 60 por ciento de la población ocupada se encuentra en el sector informal, tiene una relación laboral al margen de la ley. Más de 90 por ciento de las empresas, que son micro y pequeñas, están parcialmente indocumentadas, expuestas al constante chantaje y extorsión de funcionarios del gobierno, quienes les sacan dinero con la amenaza de clausura, denunciarlos por no pagar impuestos o no tener todos los documentos en orden para operar.
Hasta finales del siglo pasado la mayoría de los campesinos carecía de los documentos necesarios para demostrar la propiedad de sus terrenos y financiarse con ellos para sembrar y capitalizarse. La falta de documentos para comprobar la propiedad de sus casas, tierras y negocios -demuestra Hernando de Soto en el libro El misterio del capital- es una de las principales causas del atraso en que se encuentran millones de iberoamericanos.
La carencia de documentos no sólo condena a una situación de ilegales a muchos emigrantes, también es el origen de la miseria de millones que no emigran, pero viven sin una propiedad legalmente reconocida de sus tierras, casas y negocios, por lo caro y complicado que resulta cumplir con leyes que en nombre de la “justicia social”, la “ayuda a los pobres” y la “lucha contra la desigualdad”, generan miles de reglamentos, permisos e impuestos, que impiden a la mayoría de los habitantes de países como México vivir en la legalidad y los convierten en indocumentados en su propio país.
