El actual gobierno presume ser el sexenio del empleo, pero al analizar el comportamiento de la economía del 2013 al 2017, el saldo de la situación económica de México es negativa. Retrocedimos en lugar de avanzar. Los cambios positivos, como la apertura del sector energético, fueron tardíos, incompletos y acompañados de una administración que saqueó y endeudó irresponsablemente a Pemex.

Los empleos que se “cacarean” en su mayoría no son nuevos, se deben a una migración del sector informal al sector formal por presiones fiscales. Desaparecieron más de un millón de empleos mejor pagados. Al superar el aumento de precios al incremento de los ingresos de la mayoría de los trabajadores, los salarios reales se redujeron. Se precarizaron los ingresos de la clase media. Al bajar la inversión y el crecimiento por más impuestos, inseguridad jurídica y personal, se redujo la creación de verdaderos nuevos empleos.

EPN cierra su gestión con récords en inseguridad, homicidios, robos, inflación y devaluación en este siglo. La corrupción, la desviación de recursos federales en los Estados y la impunidad a los corruptos, aumentaron a niveles récord.

Hay “logros” que muchos gobernantes consideran positivos, como una mayor recaudación en el cobro de impuestos. El actual gobierno alcanzó el mayor porcentaje de ingresos fiscales con relación al PIB, pero también el mayor gasto público y deuda con relación al PIB en este siglo. Se tuvo la oportunidad de equilibrar las finanzas públicas, pero se desperdició al no ordenar el gasto público.

Hay récords en la importación y robo de gasolinas, en la corrupción, en la deuda de Pemex y en el pago de pensiones ilegales y privilegiadas en las empresas estatales.

Hay récord en gastos de publicidad del gobierno federal a medios de comunicación, para que no hablen de los resultados negativos de su administración, que marcan un retroceso en la mayoría de indicadores socio-económicos.

El gobierno de EPN deja un México más pobre, endeudado, devaluado, violento y corrupto, del que recibió, aunque de cara a las elecciones nos quieran pintar a “billetazos” un México color de rosa.

PRI, VIOLENCIA Y CORRUPCIÓN

Antes del año 2000, los gobernadores eran virreyes, el rey era el Presidente. Cuando el Presidente deja de ser del PRI, los gobernadores aplican un principio constitucional, que antes no funcionaba, los Estados son: “libres y soberanos”. No dan cuenta a nadie de los recursos que reciben y se convierten en reyes en sus Estados. Para los gobernadores priistas el Presidente, que no fue del PRI del 2001 al 2012, y no tenía competencia para pedirles cuentas, nombrar y destituir gobernadores, deja de ser su jefe.

En ausencia de un Presidente priista, los gobernadores priistas pasan a ser los más poderosos en su partido: designan diputados y senadores federales y a los candidatos del PRI a gobernadores, que de ganar les ocultan sus malos manejos, como sucedió en Coahuila, por poner un ejemplo.

Los gobernadores se convierten en los principales organizadores y aportadores de recursos para recuperar la Presidencia de la República. Eligen a uno de ellos como candidato a la Presidencia: Enrique Peña Nieto, ex gobernador del Estado de México. Y son ellos los que aportan miles de millones ilegales, tomados subrepticiamente de los recursos federales, para la campaña de su candidato.

En algunos Estados, como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, garantizan impunidad al crimen organizado a cambio de su ayuda logística y monetaria para ganar las elecciones.

El Presidente Peña Nieto debe la Presidencia a los gobernadores priistas, quienes por el apoyo que le dieron se sintieron con derecho de saquear impunemente sus Estados, y generaron una corrupción récord en la historia de México.

El crimen organizado ayudó con recursos humanos y financieros a ganar elecciones en algunos Estados, vía sus “gobers” priistas, por lo que también se sintió con derechos, no solo de traficar droga, sino de secuestrar y cobrar “derechos de piso” (impuestos) en los Estados donde ayudó a los priistas.

El saqueo de varios Estados y el empoderamiento del crimen organizado, que ha sido un factor básico en el aumento de la violencia y la corrupción, es un costo que ha pagado el pueblo mexicano por el regreso del PRI a la Presidencia.

OTRO PEMEXGATE

México se encuentra en el cuarto lugar mundial de impunidad (2017). Se publican noticias que involucran a importantes funcionarios en casos de corrupción, pero pocas denuncias públicas se convierten en investigaciones formales, aunque incluyan pruebas documentales y testimoniales que en otros países son suficientes para encarcelar a encumbrados funcionarios públicos, incluidos Presidentes.

En México esas acusaciones se publican unos días en la prensa, pasan de moda, pocos ciudadanos las recuerdan y las autoridades las desdeñan. Los corruptos le apuestan al olvido. Vivimos en el país del “no pasa nada” con la mayoría de funcionarios corruptos.

El gobierno panista de Vicente Fox denunció ante la PGR la triangulación de recursos de Pemex al PRI vía su sindicato. Salieron a la luz pública documentos donde se probó que “ayudas” al sindicato de Pemex por aproximadamente 1,500 millones de pesos fueron canalizadas al PRI para apoyar en la elección presidencial a su candidato en el año 2000, aunque aproximadamente la mitad de esos recursos quedaron en manos de los operadores, como es costumbre en ese partido.

El gobierno de Fox acusó a quien fungía como director en ese tiempo de Pemex y a dos líderes de su sindicato por esos desvíos. El PRI, con mayoría en el Congreso, le otorgó una senaduría a uno de los líderes y una diputación al otro, para darles fuero. Y contrató a los mejores abogados para defender al ex director de Pemex. Lograron que quedara impune el financiamiento ilícito de Pemex al PRI vía su sindicato.

En las elecciones presidenciales del 2012 se dio una historia parecida. Una “ayuda”, en principio, de tres millones de dólares que, según datos dados a conocer por ex ejecutivos de la compañía brasileña Odebrecht, entregaron a quien fungía como Coordinador de vinculación Internacional en la campaña del candidato del PRI a la Presidencia, fue el inicio de un nuevo Pemexgate. El ex miembro del equipo del candidato priista a la Presidencia, ya como director de Pemex, compensó con creces mediante millonarios contratos con sobreprecios a Odebrecht, “benefactora del PRI”.

El cese del Fiscal para Delitos Electorales (FEPADE) por publicar una carta relacionada con la investigación de los donativos ilegales de Odebrecht al PRI, vía un director de Pemex, mostró la decisión del actual gobierno de no solo tomar una actitud pasiva hacia los actos corruptos donde son protagonistas ex gobernadores del PRI o altos funcionarios de su gobierno, sino de salvaguardar su impunidad.

Las consignaciones y detenciones de ex “gobers” priistas corruptos fueron posibles gracias a las denuncias en el extranjero o por nuevos gobers de otros partidos. El actual gobierno no ha luchado contra la corrupción, sino por garantizar impunidad a quienes con recursos ilícitos ayudaron a las campañas priistas, como el caso de un ex presidente del PRI y ex gober priista de Coahuila. La PGR solo actúa cuando hay presión en los medios y los “gobers” de otros partidos exigen se consigne a funcionarios priistas cuya corrupción es evidente, ejemplo un ex gober priista de Chihuahua.

PRESUPUESTO 2018, MISMOS DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES

Al revisar el presupuesto del gobierno federal para 2018, vemos que los ingresos estimados no son realistas y el gasto programado está en la misma línea que los presupuestos inflacionarios y desequilibrados de los años anteriores.

El actual gobierno aumentó impuestos con el teórico objetivo de tapar el hoyo en los ingresos por la baja del petróleo. El aumento de impuestos le dio recursos cuatro veces superiores a los que dejaron de percibir por el menor precio del petróleo. Con los ingresos récord que tuvo el actual gobierno, como lo demuestro con cifras en el libro EPN: EL RETROCESO, podía haber equilibrado el presupuesto, si solo hubiera mantenido el gasto constante, es decir, sin aumentarlo, pero no, siguieron incrementando el gasto, la deuda y no pararon la sangría, derroche y corrupción en Pemex, hasta que cambiaron director.

Todos los años han gastado por arriba de los ya altos presupuestos aprobados por el Congreso. Un motivo es que gobernantes y partido en el poder siempre ven elecciones en puerta y consideran un mayor gasto para ganar votos.

En 2018, ante elecciones presidenciales, es casi seguro que gasten más de lo aprobado por el Congreso, como en años anteriores, por arriba del ya inflado presupuesto.

Los ingresos están inflados, calculados con un precio del petróleo superior al esperado y un incremento en los ingresos fiscales bajo un supuesto crecimiento del 2.5%, que el FMI lo sitúa alrededor del 2% para 2018. En 2017, aunque presumen que lograron un superávit primario del 1.4% del PIB por primera vez en 8 años, también, por primera vez en 8 años, ya no crecieron los ingresos del sector público, cayeron en 3.7%.

Lo preocupante de la anunciada disminución del déficit y superávit primario, es que no se basan en una reducción real de la brecha entre ingresos y gastos en las finanzas públicas, sino en la utilización de los remanentes de operación del Banco de México para bajar transitoriamente la diferencia entre ingresos y gastos del sector público federal. En una nota de sus Estados Financieros (3er trimestre de 2016), Banxico señaló que una apreciación del peso respecto al dólar genera pérdidas para el Banco Central y su devaluación se traduce en resultados positivos. Paradójicamente, la devaluación, resultado de los desequilibrios del gobierno, le sirvió, vía BANXICO, para financiar sus desequilibrios: déficit y deuda excesiva en 2017.

Sin contabilizar los recursos tomados de BANXICO, que representan el 1.5% del PIB, no hay superávit primario y el déficit amplio (RFSP), es de más del doble del anunciado, sube -1.1 a – 2.6%.

Es probable, con el presupuesto aprobado en 2018 y la tendencia a rebasarlo, resulte a finales del año en un déficit presupuestal y una deuda mayores a las del 2017; pero no les importa a los actuales gobernantes lo que pase a finales del año, sí las elecciones a mediados de año, para las que necesitan mucho dinero.

El presupuesto aprobado para el 2018 no disminuye ni ordena estructuralmente el gasto, la deuda ni el déficit público, males que han crecido bajo el actual gobierno. El gasto público no baja, crece un 8%. La deuda pública aumenta 11.5%. En el sexenio se habrá duplicado. Al término del sexenio anterior, el pago de intereses de la deuda pública era la mitad de la inversión física del gobierno, en 2017 se estima fue mayor a la inversión en obras de infraestructura.

El pago de pensiones, principalmente a grupos privilegiados, crece en 10%. La nómina de la burocracia aumenta en 5.4%.

Se contempla una transferencia adicional de 107 mil millones a entidades federativas, en parte para compensar el saqueo y deuda en varios estados. Hay un aumento de 142 mil millones en el gasto social, que crece y significa el 45% del total del presupuesto. Ese egreso se convertirá en gran parte en un gasto electoral en beneficio del partido en el poder.

El presupuesto 2018 sigue básicamente el mismo camino que nos llevó a mayores desequilibrios del 2013 al 2017. Las expectativas de gastos en el 2018 no reflejan ninguna mejora estructural en los desequilibrios de las finanzas públicas.

Si EPN no corrigió estructuralmente, solo maquilló, las finanzas públicas, en cinco años de su mandato, teniendo los recursos fiscales para hacerlo, por qué lo haría en su último año, cuando las graves consecuencias económicas de un gasto excesivo le tocarán capotearlas a un nuevo Presidente en 2019, que muy probablemente sea de otro partido. Solo presentará en los primeros meses del 2018, correcciones superficiales y transitorias en la inflación, el empleo, reducción de pobreza y otros indicadores con fines electorales, pero difícilmente sustentables al finalizar el año.

PELIGRO DE EXPECTATIVAS POSITIVAS FALSAS

Robert Lucas, profesor de la Universidad de Chicago, obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1995 por cimentar la teoría de las expectativas racionales, la cual señala que las acciones futuras de los agentes económicos: inversión, precios, tasas de interés y tipo de cambio, entre otras variables, son impactadas por lo que esperemos del futuro de la economía.

Con base en una interpretación “a modo” de esa teoría, concluyen algunos funcionarios que quienes hablan mal de la economía crean expectativas negativas que la empeoran. Por lo tanto, le piden a empresarios, comunicadores y líderes de opinión, que no hablen mal de la economía mexicana, si quieren cooperar a que mejore.

Para apuntalar expectativas optimistas, el gobierno proporciona datos macroeconómicos de reducción de pobres, del déficit presupuestal y de una futura caída de la inflación no sustentables a mediano plazo. Muchos empresarios, comunicadores y académicos se unen a los coros de que vamos bien por el bien del país.

El Presidente pide que vean lo bueno. Las críticas cooperan, según esa óptica, a una mayor inflación, más déficit en cuenta corriente, más deuda, aumento de precio del dólar y mayores tasas de interés; por lo tanto, si quieres que a México le vaya bien, no digas que las actuales políticas de gasto y deuda tienen un futuro negativo.

¡Falso!, ese sofisma parte de premisas equivocadas, que algunos aceptan por conveniencia y otros por ignorancia. Afirmar que todas las variables económicas van bien cuando algunos datos que publican no tienen un sustento sólido, solo sirven para que los resultados negativos se retarden y estallen después con más fuerza. La inflexión de la inflación al iniciar el 2018, al posponer un aumento programado de precios de la gasolina, no mejora sustancialmente las expectativas racionales, pues no existen razones suficientes, menos gasto o reducción de deuda, para que les crean y se materialice una recuperación sustentable.

Contrariamente a lo dicho por portavoces oficiales, afirmar que vamos bien sin realizar correcciones de fondo, despreocupa a los gobernantes de frenar estructuralmente los excesos. Sólo los rectifican en la medida que pueden presentar información que parezca cierta, para seguir gastando, sin austeridad ni orden, y vender expectativas irracionales positivas que duren hasta las elecciones o la entrega del poder a otro gobierno.

Las siguientes gráficas, basadas en su mayoría en datos dados a conocer por el mismo gobierno o instituciones internacionales reconocidas, fundamentan que en este sexenio retrocedimos no solo en la parte económica, sino en seguridad, en lograr paz social y confianza, que son factores fundamentales para apuntalar el progreso económico. La herencia que dejará EPN será difícil y costosa de corregir, sea quien sea el próximo Presidente.

Publicado Por Cisle, A. C.