Si Andrés Manuel López Obrador quiere cumplir la principal petición de los ciudadanos que los llevó a votar por él y pasar a la historia como un buen presidente, tiene que identificar claramente qué esperan de su gobierno los 30 millones que le dieron su voto.

Los activistas e ideólogos de izquierda, socialistas, que desean regresar a las políticas estatistas de Lázaro Cárdenas, Echeverría y López Portillo o convertir al país en otra Cuba o Venezuela, representaron, a mi juicio, menos del 5 por ciento de sus votos totales.

El 95 por ciento de los ciudadanos libres, la mayoría de clase media y humilde, que AMLO llama “pueblo”, que votaron por él, no ven como solución convertir al estado en dueño y planificador de todo. Que expropie, reparta y controle tierras, empresas, bancos y la mayor parte de la riqueza que se crea en el país.

Lo que quiere la mayoría de los que votaron por AMLO es que se termine la corrupción y la impunidad, de los que llamó el próximo presidente “la mafia del poder”, que fundamentalmente la engendraron y dirigieron los priistas, los líderes sindicales que intercambiaron votos por dinero que les otorgaba el PRI-gobierno y los contratistas privados, quienes amasaron enormes fortunas, vendiéndole al gobierno en mil pesos lo que valía 100 o comprándole en 100 lo que valía mil, y dándole una parte a los altos funcionarios que les otorgaban contratos.

Esa mafia en el poder, desarrollada e institucionaliza por el PRI, que también salpicó a perredistas y panistas, es la que quiere la mayoría del pueblo que desaparezca del gobierno, y los corruptos enfrenten la justicia y regresen lo robado.

Andrés Manuel prometió un gobierno honesto y austero. Nunca le escuché en su campaña prometer un régimen socialista.

Si Andrés Manuel quiere pasar a la historia como un gran presidente tiene que enfocar su gobierno a terminar con los corruptos y las políticas que son caldo de cultivo de la corrupción, y construir, no un gobierno estatista como en Cuba o Venezuela sino un gobierno honesto, eficiente, asentado en la llamada “austeridad republicana”, que implica una reducción del gasto público y terminar con los lujos y dispendios de los funcionarios públicos con el dinero de los impuestos.