Ante la caída de sus ingresos, el gobierno federal convirtió el aumento de las multas en una fuente extra de recursos sin importarle las consecuencias económicas y sociales.

La discrecionalidad sobre la aplicación de multas infladas es fuente de inseguridad jurídica, extorsión, corrupción, reducción de inversiones, desempleo e informalidad.

Al respecto comenta el ministro de la Suprema Corte (en retiro) Carlos Sempé: “En la Ley Federal de Competencia Económica se establecen multas de hasta 10 por ciento de los ingresos brutos del infractor (artículo 127), así como multas de hasta un millón 500 mil veces el salario mínimo (artículo 128). Ni siquiera se prevé en la ley expresamente el monto mínimo de la multa, lo que deja una gran discrecionalidad a la autoridad y conduce a arbitrariedades y hasta a absurdos.

La autoridad por una misma infracción puede imponer una multa de un peso o de miles de millones, como ya ha sucedido.

“Esas multas son excesivas y desproporcionadas, y por tanto contrarias al artículo 22 de la Constitución. Las penas trascendentales y las multas excesivas se encuentran prohibidas por el artículo 22 de la Carta Magna. El principio constitucional de que la pena debe “ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado” es aplicable a las sanciones administrativas de conformidad con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia.

Las multas no deben ser “de tal magnitud que se vuelvan confiscatorias”, debe existir un “criterio de proporcionalidad que resulta del equilibrio entre la infracción y la sanción”.

El ministro Sempé señala que en gran parte el fracaso de la reforma laboral se debe al aumento excesivo de multas e inspecciones: “Con la reforma laboral de 2012 supuestamente se iban a crear millones de empleos, lo que no se logró, pero sí se aumentó en 16 veces el monto de la casi totalidad de las multas y se intensificaron las inspecciones para verificar que los empleados se encuentren afiliados a la seguridad social”.

El autor es profesor de Economía Política.

Citas tomadas de: Carlos Sempé Minvielle, ministro de la SCJN (en retiro) ¿Más competencia o más burocracia? Cisle A.C.

2015, México. Páginas 7, 8 y 10