La petición de grupos ciudadanos de publicar la declaración de bienes, la fiscal y de conflictos de intereses, conocida como 3de3 a los funcionarios públicos, tuvo como respuesta del PRI-VERDE, principal opositor a esa demanda, que también se aplicara a todas las empresas y personas que reciben algún ingreso del gobierno. Atrás de muchos actos de corrupción de funcionarios públicos hay empresarios y prestanombres del sector privado, como lo señalo en el libro Los ricos del gobierno, pero aplicar el 3de3 a más de 30 millones y familiares que reciben recursos del gobierno, aumentaría costos y burocracia, no reduciría la corrupción.
Es más importante acabar con la impunidad. De 656 denuncias penales presentadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a la Procuraduría General de la República (PGR), solo 19, menos del 3%, han sido consignadas ante los jueces. El porcentaje de impunidad, del 97%, es debido a la falta de acción de la PGR. La mayoría de expedientes están archivados. La solución es que la ASF presente directamente al Poder judicial las denuncias. Se puede combatir la corrupción sin más burocracia si las procuradurías estatales y la federal cumplieran con su trabajo.
En cuanto a las empresas privadas, contratistas y sus dueños, el SAT tiene elementos para investigar ingresos no declarados, como lo hacen con amigos y parientes del ex gober panista de Sonora, pero no con los gobernadores priístas. Es posible sin el 3de3, localizar ingresos ilegales de contratistas del gobierno, pero ninguna autoridad los investiga cuando hay presunción de corrupción.
Es necesario que, como en Brasil, se recompense o reduzcan las penas a quienes proporcionen datos para localizar propiedades, cuentas de funcionarios públicos y contratistas privados, que no concuerden con los ingresos declarados o no prueben su origen, y se aumenten los años para que prescriban o no prescriban, los delitos de corrupción de funcionarios públicos. El saqueo de Estados, empresas estatales y las compras con sobreprecios en los tres niveles de gobierno, no son por no hacer públicos los patrimonios de los funcionarios y contratistas, sino porque la autoridad que los investiga, como la ASF, no tienen el apoyo de otras, como la PGR o las autoridades estatales, para darle seguimiento y castigar los delitos de corrupción.
