En el libro Justicia social injusta no se ataca a ningún gobernante, solo se demuestra la manipulación perversa de la justicia y del gasto público, al amparo de los conceptos de justicia social y gasto social. Esos conceptos fundamentan políticas gubernamentales redistributivas que generan injusticias legalizadas, incertidumbre, frenan la inversión y justifican la expropiación de ganancias, bienes y ahorros a los que producen para dárselos, según ellos, a los pobres y lograr la igualdad; pero en la realidad se cumple el dicho de que “el que parte y reparte se queda con la mejor parte”.

El libro comprueba históricamente que la civilización empieza cuando nace el concepto de Justicia: dar a cada quien lo suyo, que implica el respeto al derecho de propiedad. Los países progresan no por el imperio de la ley sino de la justicia. Hay leyes injustas que frenan el progreso y conforman dictaduras. Los países que más progresaron en los 10,000 años de civilización son aquellos que garantizaron la propiedad privada y aplicaron la justicia a secas, que implica proteger la propiedad y considerar como ladrón a quien la toma sin consentimiento de su legítimo propietario.

El libro prueba que los países que reducen la pobreza son donde la justicia protege los derechos humanos básicos: vida, propiedad y libertad, plasmados en las constituciones modernas con el nombre de garantías individuales. Una democracia o república implican gobiernos limitados por una Constitución que impide se violen los derechos humanos básicos por leyes injustas. Una Constitución que viola los derechos humanos no es una Constitución. Y un gobierno que viola los derechos humanos básicos no es una democracia sino una dictadura.

En el libro Justicia social injusta demostramos con datos que en Argentina, España y México, el llamado gasto social, lejos de reducir la pobreza, la aumenta, justifica el incremento de impuestos, de burocracia, de clientelismo y corrupción.

Si queremos progresar, concluye el libro, es necesario consolidar la justicia a secas no la social, la que ha tenido efectos contraproducentes, y dejar de utilizar el tramposamente llamado gasto social, que solo sirve para ganar votos y justificar un mayor gasto que no reduce la pobreza, solo da poder y dinero a sus distribuidores.