El gobierno aumentó impuestos con la excusa de evitar un mayor desequilibrio en las finanzas públicas debido a un menor ingreso petrolero. El aumento de impuestos, que le restó poder adquisitivo a los hogares y redujo la inversión de las empresas, no se usó en 2013, 2014 y 2015 para sanear las finanzas públicas sino para gastar más.

En los primeros tres años no sólo aumentaron los gastos presupuestados, sino gastaron 572 mil millones por arriba de lo aprobado por el Congreso. No hubo ahorros ni austeridad, sí derroche.

En Pemex aumentaron burocracia, deuda y gastos, hasta que se dieron cuenta, después de tres años de una administración irresponsable, que no tenían para cubrir sus obligaciones.

El gobernador del Banco de México en varias ocasiones le advirtió a las autoridades hacendarias que moderaran gastos, pero hicieron caso omiso. No fue hasta que las calificadoras internacionales bajaron las expectativas de México de estables a negativas y advirtieron de una probable baja de calificación, por elevar la deuda por arriba del crecimiento, que a mediados de 2016 empezaron a frenar su irresponsable gasto.

En el Presupuesto para 2017 incluyeron un recorte de 239 mil millones de pesos para alcanzar un superávit primario (ingresos contra gastos, sin contar pago de deudas ni inversión pública) de 0.4 por ciento, que reducirá, teóricamente, el déficit fiscal total del sector público a 2.9 por ciento.

El esfuerzo es en la dirección correcta pero insuficiente, como lo expresó la calificadora Standard & Poor´s, al otro día de que Hacienda presentó el Presupuesto al Congreso. Sí hay más tela de dónde cortar en el sector público: gastos superfluos, inútiles, fugas y corrupción. Falta la decisión política de hacerlo.

Si no queremos un mayor crecimiento de la deuda que resulte en una baja de calificación, que se traduciría en un aumento de tasas, menor inversión extranjera, más deslizamiento del peso y menos crecimiento, hay que recortar el gasto lo necesario y no hacer recortes a medias.