En el 2008 el gobierno del PAN le propuso al PRI una reforma energética parecida a la aprobada a principios del gobierno priista del presidente Peña Nieto. Pero el PRI la mediatizó y no aceptó apoyar los cambios constitucionales que después realizó para consumarla en su gobierno.

En el 2008 el PRI era oposición y “socio” del corrupto sindicato de Pemex, su viejo aliado, que lo proveía de recursos humanos y financieros a cambio de solapar su corrupción y saqueo de la petrolera. Desde el 2001 con el “Pemexgate” quedó claro que el sindicato triangulaba miles de millones de Pemex al PRI a cambio de impunidad para controlar a los trabajadores y hacer negocios con la paraestatal.

La competencia internacional y el aumento de la oferta de petróleo al pasar de 16 países productores a más de 100, la falta de tecnología y de recursos para explotar los yacimientos en aguas profundas, convirtieron en un imperativo la apertura de Pemex al capital privado. Con el apoyo del PAN se realizó una reforma energética que, aunque tardía, es la mejor opción para Pemex.

Peña colocó a un buen amigo al frente de Pemex, que en los tres primeros años no hizo nada por eficientar a la paraestatal y permitió que aumentaran los robos de gasolina, cayeran la producción y la productividad. La baja del precio del petróleo no quebró a Pemex, solo evidenció su ineficiencia y corrupción, que son las principales causas de su quiebra. Repsol, petrolera española, en el mismo mercado internacional de bajos precios, aumentó ganancias en 35% y redujo su deuda. Pemex aumentó sus pérdidas y sus deudas.

En un reciente Plan de Negocios que dio a conocer Pemex, mediante el cual intenta convencer a sus acreedores que tiene viabilidad, deja ver que únicamente será posible si logra atraer a socios para la extracción y refinación de petróleo, si no, le tocará al pueblo de México mediante impuestos cubrir sus pérdidas, las abusivas pensiones de sus sindicalizados y los sobreprecios a contratistas corruptos, que, asociados con funcionarios y políticos, han saqueado por décadas el monopolio petrolero que ha defendido el PRI y la izquierda, al presentarlo como protector de la soberanía y patrimonio de todos los mexicanos.