A los 100 días en el poder, Trump declaró que no pensó que fuera tan difícil ser Presidente de EUA, democracia en la que existe, además de la libertad de prensa, una división de poderes institucionalizada que no permite hacer al Presidente lo que quiera o se le ocurra.

Varios de los planes de Trump: el muro, cambios al TLCAN, nueva política migratoria, modificación a los programas de salud pública, como el llamado “Obamacare”, los han frenado jueces y legisladores, a pesar de contar su partido con la mayoría en ambas cámaras.

En Estados Unidos se vive una verdadera división de poderes que limita al ejecutivo. Esa es la principal diferencia con las dictaduras, donde no hay más poder que el del Presidente o caudillo, que por lo regular se eternizan en el puesto hasta que mueren, como pasó en la URSS con Stalin, en China con Mao y en Cuba con Castro. O actualmente sucede en Venezuela, donde el ejecutivo manda en el poder judicial, y no reconoce las decisiones del poder legislativo, en que la oposición tiene mayoría.

En la mayoría de los países de Iberoamérica la democracia integral solo existe en el papel, como en México casi todo el siglo pasado. En los primeros 12 años del actual hubo avances con la alternancia en el Ejecutivo, pero el PRI siguió controlando el legislativo, y junto con gran parte de los gobernadores, impidió las reformas estructurales y la supervisión de los gastos en los estados. El poder judicial actúa conforme a las leyes aprobadas por la mayoría priista y solo revisa expedientes de corrupción que les pasa la PGR, que depende del ejecutivo. No tienen competencia para iniciar averiguaciones contra corruptos de “motu proprio”.

En México necesitamos una verdadera división de poderes, que no implica más leyes, sino legisladores y jueces con más independencia y menos “agachones” ante el Presidente en turno.