La revocación de mandato, una figura política que introduce la posibilidad de separar al presidente de su cargo mediante una consulta popular, da la impresión de ser un instrumento que le trasmite más poder al pueblo sobre sus gobernantes, pero fue el preámbulo de la reelección de Chávez en Venezuela y de Evo Morales en Bolivia. La inclusión de la revocación de mandato en la Constitución y la insistencia de López Obrador de ponerla en práctica preocupa a los partidos de oposición, a instituciones empresariales, periodistas y analistas independientes, y a gran parte de la clase media pensante.

En 2022 habrá elecciones en Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Aguascalientes, Hidalgo y Durango, que implican la votación de 14 millones. Si los gana MORENA tendrá más poder para controlar las elecciones en 2024. Si pierde esos Estados, aumenta la posibilidad del triunfo de la oposición a la presidencia.

La revocación de mandato no tiene como objetivo inmediato su reelección, sino que AMLO aparezca en las boletas de las elecciones en 2022, pues tiene más simpatizantes que MORENA, y así obtener en 2024 más votos para que su candidato gane las elecciones. También busca el poder en la mayoría de los estados para instrumentar con mayor apoyo los cambios radicales que le piden sus colaboradores de izquierda, que implican regresar a un capitalismo de Estado parecido al imperante en los gobiernos de Echeverría y López Portillo.

Ante los señalamientos de partidos políticos de oposición y organismos empresariales, de que el presidente López Obrador busca reelegirse, AMLO firmó un documento que, dice certificará ante notario, donde se compromete a no buscar su reelección.

En un país donde estalló una Revolución, que dejó más de 2 millones de muertos, con la bandera de “sufragio efectivo no reelección”, sería un grave error de AMLO intentarla. En una carta donde promete no reelegirse, dice… “soy maderista y partidario del sufragio efectivo, no reelección”.

Si su objetivo no es su reelección ni el utilizar la figura presidencial y los recursos públicos, para ganar votos en 2022 y 2024, mediante una innecesaria y costosa consulta popular, 3,830 millones, no pedida por el pueblo, debe cancelarla y dedicar esos recursos para que el agua, la electricidad, los caminos y la seguridad, lleguen a zonas donde se incrementó la pobreza y la violencia en sus primeros tres años de gobierno.