Hace 100 años se engendró la Revolución Rusa, que convirtió las teorías de Marx en políticas económicas. Muchos académicos, líderes obreros, jóvenes y políticos, empezaron a leer a Marx y compraron la idea que en Rusia, convertida al poco tiempo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estado federal Marxista Leninista, se lograría un sistema de y para los trabajadores, donde ellos manejarían las empresas, tendrían mejores niveles de vida, habría igualdad económica y desaparecía el capitalista y el Estado explotador.

Independientemente del destino de los impuestos, que es el factor que les da legitimidad, desde las últimas décadas a la fecha su aumento se ha convertido en uno de los principales factores que mantienen bajos los niveles de inversión y crecimiento en Europa y en América.

Los mexicanos no son corruptos por naturaleza. Los altos porcentajes de corrupción son resultados de un entorno legal que la propicia. En México es más fácil y productivo ser corrupto que honesto. Los corruptos ganan, los honestos pierden. El lema “el que no transa no avanza” lo hace realidad un entorno lleno de reglamentaciones y leyes confusas, con un alto grado de discrecionalidad, que deja en manos de los funcionarios el poder abrir una empresa, construir, cambiar de giro, vender, comprar y contratar.

“El salario mínimo no alcanza, hay que aumentarlo” dicen políticos para ganar simpatizantes entre ignorantes de los resultados de subir los mínimos, que reducen los ingresos reales de los que viven en la informalidad, la mayoría de los cuales no tiene un patrón que les pague un salario, son auto empleados, empresarios callejeros o en su casa.

México se encuentra en el segundo lugar mundial de impunidad. Se publican noticias que involucran a importantes funcionarios en casos de corrupción, pero pocas denuncias públicas se convierten en investigaciones formales, aunque incluyan pruebas documentales y testimoniales que en otros países son suficientes para encarcelar a encumbrados funcionarios públicos, incluidos Presidentes. En México esas acusaciones se publican unos días en la prensa, pasan de moda, pocos ciudadanos las recuerdan y las autoridades las desdeñan.

No cabe duda que la posible conclusión del Tratado de Libre Comercio puede causar una disminución en el crecimiento económico de México y en la generación de empleos, pues alrededor del 80% de nuestras exportaciones van a los EU, sin embargo, una reducción de impuestos en el vecino país del norte puede golpear a la economía mexicana igual o más que la terminación del Tratado.

Una de las tentaciones en las que cayó el gobierno de México es la de manipular los indicadores macroeconómicos para crear una visión de avance social donde en realidad existe un retroceso. Dos ejemplos son los datos relativos a la reducción de la pobreza y a la creación de empleos.

Al revisar el presupuesto planeado por el gobierno para 2018, vemos que los ingresos estimados no son realistas y el gasto programado está en la misma línea que los presupuestos inflacionarios y desequilibrados de los años anteriores.

El gobierno panista de Vicente Fox denunció ante la PGR la triangulación de recursos de Pemex al PRI vía su sindicato. Salieron a la luz pública documentos donde se probó que “ayudas” al sindicato de Pemex por aproximadamente 1,500 millones de pesos fueron canalizadas al PRI para apoyar en la elección presidencial a su candidato en el año 2000, aunque aproximadamente la mitad de esos recursos quedaron en manos de los operadores, como es costumbre en ese partido.

Hace 22 años economistas, activistas y partidos de izquierda se oponían a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Los argumentos eran muy parecidos a los que actualmente esgrime Trump. La izquierda mexicana decía que era asimétrico firmar un tratado con un país mucho más rico que nosotros, que nos iban a inundar de productos y causaría desempleo. Ahora Trump habla de que nos aprovechamos de Estados Unidos, es injusto el TLC y hemos generado desempleo en su país.

Hay varios partidos políticos definitivos en la vida del país, pero el único con un proceso abierto para elegir candidatos es el PAN. La institucionalidad, que implica una estructura estable y organizada, le permitió sobrevivir a divisiones internas, pero le impidió ganar elecciones.

Robert Lucas, profesor de la Universidad de Chicago, obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1995 por cimentar la teoría de las expectativas racionales, la cual señala que las acciones futuras de los agentes económicos: inversión, precios, tasas de interés, entre otras variables, son impactadas por lo que esperemos del futuro de la economía.

El lado positivo de la tragedia del reciente sismo es que afloraron entre los mexicanos muchos valores: solidaridad, compasión, bondad y ayuda al prójimo. Esas virtudes de mexicanos anónimos, que escuchamos en la radio, vemos en la TV y leemos en la prensa, contrastan con las noticias previas al sismo, donde predominaban las de asesinatos y corrupción.

En diciembre entran en vigor una serie de cambios para emitir nuevas facturas, que significan cientos de horas de trabajo y miles de pesos adicionales para adquirir los software y conocimientos para cumplir con los nuevos requisitos de hacienda “dizque” para evitar la evasión, que no es el principal problema en México, sino el mal uso y robo de impuestos, que es donde el gobierno no investiga ni castiga a quienes mal usan y roban los impuestos.

En México rige la “Ley Campoamor” del poeta Ramón Campoamor, que dice “En este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según del color del cristal con que se mira”.

El V Informe de Gobierno, las cifras del Coneval y del Inegi sobre la reducción de la pobreza y el Paquete Económico 2018, que incluye el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y de Egresos, son claros ejemplos de ver la realidad a través de un cristal color de rosa que la deforma, y que, lejos de mejorar las expectativas, justifica gastos que van a empinar más la economía a finales del sexenio.

En su informe del 2015, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), organismo público “autónomo”, señaló que del 2012 al 2014 el número de pobres aumentó en dos millones. Ese dato le cayó como una “cubetada” de agua fría al gobierno del presidente Peña Nieto, que presumía de haber incrementado el gasto en ayuda a los pobres en 22% en ese mismo periodo. En el informe dado a conocer a finales de agosto de 2017, que abarca el 2015 y el 2016, con base en una nueva metodología, desaparecen los dos millones de pobres que se habían sumado con la  metodología anterior. En 2012 había 53.3 millones de pobres, en 2014, 55.3 y en 2016 se borran los que se habían incrementado en los dos primeros años de la actual administración, quedan en 53.4 millones, prácticamente los mismos que el 2012.

El Sistema Nacional Anticorrupción se puede volver un instrumento que garantice la impunidad de todos los altos funcionarios del actual sexenio, si el PRI logra su objetivo de imponer un fiscal “a modo”, que sea teóricamente el responsable de combatir la corrupción en los próximos nueve años. Tiempo suficiente para que prescriban los actuales delitos relacionados con la corrupción.

La presión para que el Procurador General de la República, propuesto por el Presidente y miembro del PRI, ocupe el cargo de fiscal anticorrupción es una de las causas que atrasa su nombramiento.

La posición del presidente Donald Trump sobre el Tratado de Libre Comercio con México, paradójicamente, se parece a la sostenida hace 22 años por muchos industriales mexicanos que crecieron a la sombra del proteccionismo, y a la izquierda mexicana, la cual afirmaba que mediante el TLCAN los gringos se apoderarían de la economía de México, no teníamos qué venderle ni éramos competitivos. Inundarían  el país de productos americanos, generarían desempleo y pobreza.

Durante los primeros cuatro años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la ya maltrecha petrolera estatal agudizó sus desequilibrios debido a la corrupta y pésima administración que culminó con la tardía  decisión de cambiar a su director, en gran parte responsable del empeoramiento de sus finanzas.

El presidente de Coparmex  pidió al Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, una disminución gradual de los impuestos a las empresas del 30 al 25%. El Secretario respondió que “hay poco espacio para hacer modificaciones al marco tributario”. Reconocemos la capacidad de José Antonio Meade que, a unos meses de tomar al Secretaria de Hacienda, logró que las calificadoras Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, mejoraran la calificación a México. Pero es necesario bajar los impuestos a empresas, pues, como dijo el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, “son los principales inhibidores del desarrollo”.