De la politización de la presencia del Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen sale la propuesta de enviarlos a sus cuarteles, lo que agravaría la ya deteriorada situación de inseguridad creciente que atravesamos.

Los priistas, los partidos, comunicadores y activistas de izquierda, inventaron el mito de ‘la guerra de Calderón’, como si al expresidente se le hubiera ocurrido iniciar una ‘guerra’. La participación del Ejército en el combate al narcotráfico viene desde el siglo pasado. Y su mayor presencia en el gobierno pasado y en el actual, cuyo partido la criticaba cuando era oposición, obedece a que en varios estados no sólo rebasó el crimen organizado a las policías municipales y estatales, sino que en muchos casos están a sus órdenes.

En estados como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz hay pruebas en tribunales de Estados Unidos, que hasta sus gobernadores tenían ligas con el crimen organizado, cuyas actividades no se limita al narcotráfico, sino se extienden el secuestro y el cobro del derecho de piso (impuestos).

En el artículo 89, fracción VI, de la Constitución encontramos el fundamento de la presencia de las Fuerzas Armadas en lucha contra un crimen que pone en peligro la seguridad interior. Es un error afirmar que la función de las Fuerzas Armadas es sólo enfrentar a un Ejército extranjero.

La mayoría de los mexicanos apoya la presencia del Ejército y la Marina en las calles, instituciones a las que, según varios sondeos, las consideran las más confiables. En una encuesta que realicé a través de mi cuenta de twitter –@luispazos1– en la que participaron cuatro mil 323 personas, pregunté: “Enviar al Ejército y a la Marina a sus cuarteles beneficia a: ciudadanos pacíficos o al crimen organizado”. 22 por ciento contestó que a ciudadanos pacíficos y 78 por ciento que al crimen organizado.

Ante la creciente inseguridad que impera en gran parte del territorio, la mayoría de los mexicanos pacíficos y trabajadores consideran que es necesaria la presencia del Ejército y la Marina en las calles para evitar que estados enteros del país los controle el crimen organizado.