Uno de los colaboradores más astutos, que ayudó a la campaña del ahora presidente López Obrador, es el ex-priista Manuel Bartlett, a quien lo nombró director de la CFE, donde obtiene un sueldo mayor al del presidente de la República.

Bartlett recibió una CFE técnicamente quebrada, que en 2019 empeoró su situación y en 2020 todavía más. De 10.2 mil millones de transferencias (subsidios) del gobierno el 2019, dinero de los impuestos, que requirió para completar sus gastos, en el 2020 le presupuestaron 34,3 mil millones, 236% más. No obstante, aumentaron sus pérdidas en el 1er trimestre un 858%.

Ante el ineficiente manejo, Bartlett le vendió al presidente la idea de que las pérdidas de la CFE se deben a los generadores de energía eléctrica del sector privado: gas, energía eólica y solar, quienes, según él, firmaron contratos leoninos con CFE.

También se arropó en el demagógico argumento de que es necesario recuperar la “soberanía del Estado” sobre la generación de electricidad, que significa regresar al monopolio estatal eléctrico que tuvo el PRI el siglo pasado.

Para ello, primero, culpan a las empresas privadas de contratos ventajosos y de sus pérdidas; segundo, les dificultan usar sus ductos, que tienen una capacidad desocupada del 50%, y tercero, aumentan en más de 700% el costo del uso de sus ductos a los productores particulares. Una de las finalidades de extorsionar a los generadores de energía limpia es obligarlos a que les vendan sus plantas en cualquier cantidad. Para ello crearon un fideicomiso, de los que dijo el presidente deben desaparecer, para acumular supuestas ganancias futuras, y de ahí teóricamente pagarles a los particulares por la compra de sus plantas que, con los altos precios por uso de ductos y obstáculos legaloides, no les queda otro camino que venderlas a la CFE. Es una forma muy burda de expropiación disfrazada.