México se encuentra en el segundo lugar mundial de impunidad. Se publican noticias que involucran a importantes funcionarios en casos de corrupción, pero pocas denuncias públicas se convierten en investigaciones formales, aunque incluyan pruebas documentales y testimoniales que en otros países son suficientes para encarcelar a encumbrados funcionarios públicos, incluidos Presidentes. En México esas acusaciones se publican unos días en la prensa, pasan de moda, pocos ciudadanos las recuerdan y las autoridades las desdeñan.
Los corruptos le apuestan al olvido. Vivimos en el país del “no pasa nada” con la mayoría de funcionarios corruptos.
En el caso de las entregas de millones de dólares al PRI por la compañía constructora brasileña Odebrecht, ex funcionarios de ese consorcio dieron a conocer públicamente los depósitos a empresas fantasmas ligadas presuntamente al equipo de campaña del candidato presidencial priista. A cambio de esa “ayuda” al PRI, mediante el exdirector de Pemex, encargado en el 2012 de las relaciones internacionales de la campaña priista, quien presuntamente operó esos traspasos, les otorgó contratos inflados en más del 60% a Odebrecht como pago de la ayuda al PRI. Actualmente no hay ninguna autoridad que investigue el caso Odebrecht-PRI-Pemex, que implica corrupción y la violación a las leyes electorales. La única investigación que se inició la frenó el gobierno federal al cesar arbitrariamente al fiscal de la Fepade.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) puede convertirse en un blindaje para los corruptos de este sexenio, si el PRI logra nombrar un fiscal anticorrupción “a modo” que dirija el SNA en los próximos años. Los del PRI, en el tercer lugar en las preferencias para las próximas elecciones, saben que si pierden la Presidencia y el control de la PGR, estarán en riesgo muchos priistas. En el próximo sexenio si el SNA, la PGR, la ASF y la FEPADE son dirigidas por personas honestas y ajenas a su grupo y partido, habrá una gran posibilidad de que pisen la cárcel muchos altos funcionarios del actual gobierno.
El PRI procurará mediante sus senadores ratificar un Fiscal Anticorrupción y a través de sus diputados un titular de la ASF, que les garantice impunidad en los próximos años a los funcionarios corruptos del actual gobierno priista, quienes desviaron impunemente miles de millones de pesos, cantidades récord desde la Revolución a la fecha.
Twitter: @luispazos1
