Los mexicanos no son corruptos por naturaleza. Los altos porcentajes de corrupción son resultados de un entorno legal que la propicia. En México es más fácil y productivo ser corrupto que honesto. Los corruptos ganan, los honestos pierden. El lema “el que no transa no avanza” lo hace realidad un entorno lleno de reglamentaciones y leyes confusas, con un alto grado de discrecionalidad, que deja en manos de los funcionarios el poder abrir una empresa, construir, cambiar de giro, vender, comprar y contratar.

En cuanto a la impartición de justicia, el pobre por cualquier acusación va a la cárcel, pero si tiene para pagar un buen abogado, puede librarla aunque haya robado millones.

No todos los funcionarios son corruptos, los hay honestos, pero generalmente no son reconocidos y ponen en riesgo su trabajo si no cooperan con las tranzas y excesos de sus superiores. Hay empresarios que han hecho sus fortunas asociados con funcionarios corruptos para lavarles dinero, venderles empresas y mercancías a sobreprecios o comprar terrenos y activos del gobierno por debajo de su costo. Otros empresarios son honestos, pero tienen que ceder ante chantajes de clausura o multas excesivas, que les provocan grandes pérdidas o la quiebra, si no entregan dinero a los funcionarios corruptos, respaldados por leyes y reglamentos interpretados “a modo”.

En México hay más corrupción que en Japón por sus altos grados de impunidad. En Japón más del 95% de quienes cometen un delito lo pagan con cárcel o multas, en México más del 95% quedan impunes, no enfrentan cargos ni penas por sus delitos.

Para combatir estructuralmente la corrupción se debe reducir la sobre reglamentación y las leyes discrecionales, para disminuir las fuentes legales de chantaje a los ciudadanos. Aumentar la transparencia en el uso de los impuestos, principalmente en los Estados, y darle competencia a la Auditoría Superior de la Federación para que consigne a corruptos directamente a jueces del poder judicial, y no solo entregue las denuncias a procuradurías y fiscalías en manos de las mismas autoridades involucradas en los delitos.

Sin cambios estructurales en leyes, en la rendición de cuentas y el combate a la impunidad, es difícil reducir un saqueo de las arcas públicas no visto antes en México.