A poco más de medio año de que el presidente López Obrador tomó el poder, la economía retrocede y caen las expectativas, según los principales indicadores.

Se reduce la inversión bruta, baja el consumo, llega menos inversión extranjera, declina la confianza del inversionista, se derrumba la construcción, se contrae la creación de empleos y el gasto en infraestructura. La mayoría de los inversionistas (60%)considera que México perderá el grado de inversión en los próximos tres años.

Crece la percepción de inseguridad, hay un 1% de posibilidades de que el autor de un delito sea aprehendido, regrese lo robado o reponga el daño causado; aumenta en número de huelgas, cae la confianza del consumidor. Medido trimestralmente, no hubo crecimiento económico en los primeros meses del 2109.

No cabe duda que la desastrosa economía heredada tiene que ver con esos resultados, pero la principal causa es la incertidumbre generada por las declaraciones contradictorias y la falta de respeto al Estado de derecho del actual gobierno.

La incertidumbre empieza con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sin ningún fundamento claro y de peso. Los tenedores de bonos del aeropuerto en el extranjero, concluyeron que el gobierno de México no respeta los contratos.

En cuanto a la apertura petrolera, que reportó miles de millones de dólares de ingresos a PEMEX, la autoridad dijo que se suspendían las rondas o licitaciones de zonas petroleras, después anunciaron que continuarían y posteriormente volvieron a decir que se cancelaban. Esos cambios de opinión crean inseguridad jurídica y frenan la inversión.

La incertidumbre de hacia dónde va el actual gobierno y la posibilidad que tiene el Presidente de modificar leyes y hasta la Constitución, por la mayoría con que cuenta en las Cámaras y en los Estados, vuelve incierto el marco jurídico que regirá en los próximos años. El problema económico de México y del gobierno no se soluciona solo con el esfuerzo de Hacienda para contener el déficit presupuestal, sino dando certeza jurídica, lo que implica que el Presidente, antes de hacer declaraciones sobre un asunto, analice todas las consecuencias de sus dichos, que en ocasiones aumentan la incertidumbre y empeoran la economía.