La Constitución es un instrumento jurídico que nace para limitar a los regímenes absolutistas. En un régimen constitucional los gobernantes solo pueden hacer lo que específicamente les permite la Constitución y los ciudadanos todo, menos lo que concretamente les prohíbe. Junto con ese fin se les agregó el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En EUA le llamaron Bills of Rights y en México Garantías individuales, que llevan implícitas la protección a los derechos humanos o naturales de los ciudadanos.

Las demás leyes, incluidas las constituciones de los Estados, no pueden contener nada que contradiga a la Constitución de la República. La mal llamada Constitución de la Ciudad de México no es una verdadera Constitución. A lo más que puede aspirar es a convertirse en una ley orgánica local, debajo de la constitución federal, de las leyes federales y de las estatales. Es, y más después del innecesario y costoso cambio de nombre del D.F. al de Ciudad de México, una ley o reglamento municipal, que con el nombre de Ciudad de México convierte a su autoridad máxima en alcalde, aunque en la vacilada de constitución le pueden poner Presidente de la libre y soberana Ciudad de México.

Aproximadamente el 75% de los ciudadanos de la Ciudad de México no le importó ese remedo de constitución y no votaron. A la mayoría de los que votaron los acarrearon MORENA y el PRD para controlar el engendro. Paradójicamente su principal promotor, Mancera, pensó le traería la simpatía y los votos de los antiguos “defeños”, a quienes no les benefició en nada el cambio de nombre. Tampoco le agradecerán la seudo constitución, que solo beneficiará a grillos y activistas que esperan sacar tajada de los nuevos “derechos” que abundarán en esa ley. No será el partido de Mancera, el PRD, quien decidirá que asentar en la “constitución”, sino sus enemigos, los de MORENA, que llevaron más acarreados a votar.

Lo más grave es que los seudo constituyentes están incluyendo una serie de dádivas populistas que, además de que serán objeto de amparos y conflicto de leyes, generarán la necesidad de más impuestos y más deudas, que acabarán de quebrar las ya dependientes finanzas de la Ciudad de México.