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La costumbre de la corrupción

Los Estados Unidos surgen de la unión de 13 colonias al declarar su independencia de Inglaterra. En Iberoamérica, todas las colonias españolas y portuguesas en el Caribe, Centro, Sudamérica y México, considerado geográficamente como Norteamérica, no se unen, sino forman 27 países independientes.

Esa división es la primera causa de la superioridad de los Estados Unidos del norte sobre los estados desunidos del sur. México era una colonia, no hubo unión con otra. En el norte y en el sur perdimos territorio ante los desórdenes administrativos y los frecuentes golpes de estado.

Centroamérica decide separarse y se divide en varios países. En el norte los efímeros gobernantes olvidan enormes extensiones de territorio por los pleitos internos, lo que aprovechan los Estados Unidos para anexárselos.

Las provincias que se quedan como parte de México se dividen internamente en estados, al imponer los liberales un federalismo extra lógico tomado de la Constitución Norteamericana.

En 1824 se copia prácticamente la Constitución Americana para publicar la mexicana, que aunque incorpora varias instituciones democráticas positivas y la división de poderes, adopta el federalismo, que convierte de un plumazo las provincias que dependían del poder central en estados libres y soberanos.

Tanto en el siglo XIX como en el XX, la mayoría de los gobernantes de esos estados, creados artificialmente, actuaron como si fueran provincias regidas por un poder central. En los 70 años del PRI casi ningún gobernador se consideró libre y soberano para tomar decisiones y los que lo hicieron fueron removidos. Hacían lo que el Presidente les ordenaba.

Al inicio del siglo XXI, al perder el PRI la Presidencia, les surge lo libre y soberano a la mayoría de los gobernadores priístas, pues ya el presidente no era de su partido. Esas facultades, qué son parte de un verdadero federalismo, las utilizan la mayoría de los gobernadores no para tomar decisiones en bienestar de sus estados, sino para no rendir cuentas sobre el destino de los recursos públicos que manejan.