En el libro Justicia social injusta demuestro la manipulación perversa de la justicia y del gasto público, al amparo de la justicia social y el gasto social. Esos atractivos conceptos fundamentan políticas públicas redistributivas que generan injusticias legalizadas, incertidumbre, frenan la inversión, justifican altos impuestos y la expropiación de bienes y ahorros a los que producen para dárselos, vía la burocracia, teóricamente a los pobres y lograr la mítica igualdad de ingresos; pero en la realidad se cumple el dicho de que “el que parte y reparte se queda con la mejor parte”.

El libro comprueba que la civilización comienza cuando nace el concepto de Justicia: dar a cada quien lo suyo, que implica el respeto al derecho de propiedad. Los países progresan no por el imperio de la ley sino de la justicia. Hay leyes injustas que frenan el progreso y conforman dictaduras. Los países que más progresaron en los 10,000 años de civilización son los que garantizaron la propiedad y aplicaron la justicia a secas, que implica considerar como ladrón a quien toma una propiedad sin consentimiento de su propietario.

Los países que reducen la pobreza -pruebo en el libro- son aquellos donde la justicia protege los derechos humanos básicos: vida, propiedad y libertad, plasmados en las constituciones modernas con el nombre de garantías individuales. Una democracia o una república implica gobiernos limitados por una Constitución que impide violar los derechos humanos básicos por leyes injustas. Una Constitución que viola los derechos humanos no es una Constitución. Y un gobierno que viola los derechos humanos no es una democracia sino una dictadura.

Demuestro que en Argentina, España y México, el gasto social, lejos de reducir la pobreza la aumentó, justificó el incremento de impuestos, burocracia, clientelismo y corrupción.

Si queremos progresar, concluyo en el libro, es necesario consolidar la justicia a secas no la social, la que tiene efectos contraproducentes, dejar de manipular un gasto tramposamente llamado social para ganar votos y justificar un mayor gasto que no reduce la pobreza, solo da poder y dinero a sus distribuidores y genera más corrupción.