El viernes 26 de septiembre de 2014, hace dos años, 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron detenidos por elementos de la policía municipal de Iguala y entregados a un grupo de narcotraficantes, quienes los mataron.

A la fecha hay más de 100 encarcelados en relación con esa masacre: el presidente municipal de Iguala, su esposa, policías municipales y miembros de la banda de narcos que los ultimaron. Esos son los hechos a grandes rasgos, que dejan claro que los autores materiales del crimen fueron narcos con la complicidad de las autoridades locales.

Se han realizado un sinnúmero de investigaciones de dónde los mataron y cómo, pero poco o nada se ha dicho sobre quiénes y para qué los enviaron. Ni la Secretaría de Gobernación ni la PGR, ni los grupos de derechos humanos, investigadores ‘expertos’, intelectuales de izquierda o los periodistas que piden la verdad de Ayotzinapa, han dado una versión creíble y lógica que justifique la presencia de los jóvenes estudiantes en Iguala ese viernes al anochecer.

Hay una vertiente básica en toda investigación criminal, de la cual no hablan las autoridades ni los grupos que piden la verdad de Ayotzinapa, quiénes y por qué enviaron a los 43 jóvenes estudiantes de primer ingreso a una guerra de narcos.

¿Fueron a pedir dinero a los automovilistas un viernes en la noche a 257 Km de su escuela? ¿Viajaron tres horas y media para secuestrar camiones -en camiones que ya habían secuestrado- para trasladarse a la ciudad de México y asistir a una marcha del 2 de octubre, que sería una semana después? ¿Los enviaron un grupo de narcos para servir de escudo en el secuestro de camiones con droga de otro cártel? ¿Líderes o maestros de Ayotzinapa estaban asociados con un cártel de narcos rival al de Iguala?

Las autoridades, a pesar de tener pruebas presuncionales, testimoniales y confesionales suficientes para abrir una línea de investigación sobre las relaciones de los dirigentes de Ayotzinapa con el narco, han guardado silencio durante dos años. No han investigado o no han dado a conocer la injerencia del crimen organizado en la belicosa normal, cuna de activistas y guerrilleros de izquierda, con la excusa de que no es conveniente políticamente ‘criminalizar’ a quienes mandaron a morir a los 43 estudiantes.