Antes del año 2000, los gobernadores eran virreyes, el rey era el Presidente. Cuando el Presidente deja de ser del PRI, los gobernadores aplican un principio de sus constituciones, que antes no funcionaba: los Estados son “libres y soberanos”. No dan cuenta a nadie de los recursos que reciben y se convierten en reyes de sus Estados. Para los gobernadores priistas el Presidente, que no fue del PRI del 2001 al 2012, y no tenía el poder de hecho ni legal para nombrar y destituir gobernadores, deja de ser su jefe.
En ausencia de un Presidente priista, los gobernadores priistas pasan a ser los más poderosos en su partido: designan a los diputados y senadores federales y a los candidatos del PRI a gobernadores, que de ganar los sucederán y ocultarán todos sus malos manejos.
Los gobernadores se convierten en los principales organizadores y aportadores de recursos para recuperar la Presidencia de la República. Eligen a uno de ellos como candidato a la Presidencia: Enrique Peña Nieto, ex gobernador del Estado de México. Y son ellos los que aportan miles de millones ilegales, tomados subrepticiamente de los recursos federales, para la campaña de su candidato.
En algunos Estados, como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, garantizan impunidad al crimen organizado a cambio de su ayuda logística y monetaria para ganar las elecciones presidenciales.
El Presidente Peña Nieto debe la Presidencia a los gobernadores priistas, quienes por el apoyo que le dieron al ahora Presidente se sintieron con derecho de saquear impunemente sus Estados, y generaron una corrupción récord en la historia de México.
El crimen organizado ayudó con recursos humanos y financieros a ganar esa elección en algunos Estados, vía sus “gobers” priistas, por lo que también se sintió con derechos, no solo de traficar droga, sino de secuestrar y cobrar “derechos de piso” (impuestos) en los Estados donde ayudó a los priistas a recuperar la Presidencia.
El saqueo de varios Estados y el empoderamiento del crimen organizado, que ha sido un factor básico en el aumento de la violencia y la corrupción, es un costo que ha pagado el pueblo mexicano para que el PRI haya recuperado la Presidencia.