En 2025, Pemex suministró a Cuba crudo y petrolíferos por US$496 millones, decidido por el gobierno en turno, no por el pueblo. Esto demuestra que las empresas estatales priorizan agendas políticas, desviando recursos que podrían reducir la pobreza en México.

El Control Gubernamental de Pemex y CFE son propiedad del Estado, pero el control real está en manos del presidente y sus aliados. Ellos deciden contratos, sueldos y ganancias, sin rendir cuentas directas a los ciudadanos.

• Contratos opacos: Pemex firmó un acuerdo comercial con Cuba en 2023, enviando 17,200 barriles diarios de crudo en 2025.
• Sueldos elevados: Directivos de Pemex y CFE ganan hasta 2 millones de pesos anuales, fijados por el gobierno, no por eficiencia de mercado.
• Ganancias desviadas: En lugar de invertir en México, se usan para «ayuda humanitaria» política, como el petróleo a Cuba.

El Estado mínimo libera recursos para el pueblo, no para caprichos de gobernantes.

Propiedad no es lo mismo que control

Los envíos promediaron 17,200 barriles diarios de crudo y 2,000 bpd de productos refinados entre enero y septiembre de 2025, según reportes de Pemex citados por Reuters. El contrato con Cuba es «comercial», pero la presidenta Sheinbaum lo llama «ayuda humanitaria».

Este hecho ilustra un punto incómodo: las empresas estatales pueden terminar sirviendo prioridades políticas del gobierno en turno, no decisiones directas del ciudadano.

Control gubernamental en Pemex y CFE

Pemex y CFE son propiedad del Estado, pero su conducción depende del Poder Ejecutivo y de su estructura de gobierno. Por eso, sus decisiones estratégicas —qué se vende, a quién y en qué condiciones— pueden volverse parte de la política exterior o interna.

• Contratos favoritistas: CFE prioriza sus plantas sobre privadas, por órdenes gubernamentales, limitando competencia.
• Impacto en libertad: Menos regulaciones generarían empleos y riqueza, como en países con mercados abiertos.

El libre mercado empodera individuos, no burocracias.

¿Y la pobreza en México?

En 2024, la pobreza en México fue de 29.6% (INEGI). En 2022 había sido 36.3%.

Comparar estos datos con envíos al exterior no prueba, por sí solo, que “ese dinero habría reducido pobreza”. Pero sí abre un debate legítimo: prioridades, transparencia y rendición de cuentas en el manejo de empresas estatales.

La salida: competencia, reglas y cuentas claras

Como he sostenido en múltiples ocasiones: la riqueza no nace de decretos, sino de productividad.

Para proteger al ciudadano promedio, México necesita:

• Estado de Derecho: contratos y propiedad protegidos
• Apertura a la competencia en energía
• Pemex y CFE con metas medibles y auditorías efectivas

Cuando hay competencia y reglas, bajan los privilegios, sube la eficiencia, y el costo de “caprichos” se reduce.