La regresiva Reforma eléctrica implica:
- Reformas constitucionales que reducen la participación de empresas privadas en la generación y distribución de energía eléctrica.
- Minimización de la competencia en el sector eléctrico y elevación de los costos de la electricidad para hogares y empresas.
- Acotamiento de la naciente apertura del sector eléctrico. Culpa a la iniciativa privada de las crecientes pérdidas de la CFE, y de su incapacidad para cubrir sus privilegiadas pensiones.
- Fortalecimiento del monopolio estatal de la electricidad y cancelación de los permisos otorgados al sector privado para generar flujo eléctrico, lo que se traduce en pérdidas millonarias para los empresarios que invirtieron en el sector.
- Aumento de fuentes contaminantes para generar la electricidad y reducción de energías limpias.
- Obstaculización de la generación de energía eléctrica más barata para hogares y empresas. Empresas privadas generan con energías limpias el megawatt-hora en 401 pesos, la CFE, con sucias, en 1,413 pesos, 252% más caro (fuente: IMCO, boletín de octubre de 2021).
- Eliminación de incentivos para generar energías limpias.
- Desaparición de organismos regulatorios del sector eléctrico para que la CFE tome decisiones sin que las cuestionen.
- Creación del monopolio estatal en explotación del litio.
- Limitación de la participación del sector privado a porcentajes por abajo de la CFE, la que, según la reforma eléctrica, debe tener como mínimo el 54% del mercado del sector eléctrico y todas las compañías privadas que generen electricidad en conjunto el 46% como máximo, lo que es arbitrario, inconstitucional y viola el T-MEC, tratado firmado con EUA y Canadá.
La reforma eléctrica justifica las crecientes pérdidas de la CFE, debidas a su ineficiencia, altos costos de operación y a las pensiones privilegiadas a sus empleados sindicalizados. No tiene dinero para pagarlas y se cubren con recursos provenientes de impuestos.
