En los gobiernos del PRI el siglo pasado, el Presidente era el rey y los gobernadores virreyes, nombrados por el rey. La Constitución, a imitación de la de Estados Unidos, convirtió las provincias en “Estados libres y soberanos”. A partir de que pierde la Presidencia el PRI en el 2000, los gobernadores priistas utilizan lo de “libres y soberanos” para gobernar y gastar sin dar cuentas claras.
Cuando fungí como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la LVIII legislatura, 2000-2003, redacté una carta a los gobernadores, donde les pedí rindieran cuentas al Congreso Federal de las participaciones federales, que en los Estados representan la mayor parte de sus ingresos, pues no sabíamos en qué y cómo gastaban. Los asesores me dijeron que perdía el tiempo pues no hay competencia federal para pedir cuentas a los gobernadores. De todas maneras se las envíe. De los 32 gobernadores solo uno se tomó la molestia de contestarme.
A partir del año 2000 aumentaron los recursos a los estados, en gran parte usados para fortalecer al partido del gobernador en turno, engrosar su patrimonio personal y el de los altos funcionarios estatales, pues a ninguna autoridad superior o independiente, ni al IFAI ni a la ASF, rinden cuentas. Los gobernadores controlan Congresos locales y poderes judiciales estatales, lo que les permiten manejar sin ningún freno los recursos fiscales.
En Estados como Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, por poner algunos ejemplos, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la SHCP detectaron desvíos y falsificación de documentos para crear o desaparecer deudas, entre otras irregularidades, pero no tienen competencia para consignar ni castigar a los funcionarios estatales responsables. Esas dependencias federales entregan los resultados de sus auditorías a funcionarios estatales del mismo grupo que cometieron los desvíos. Los gobernadores que entran, del mismo partido, puestos por el anterior, solapan y ocultan los robos de recursos millonarios de sus antecesores.
Debe reformarse el art. 79 constitucional para que otorgue competencia a la Auditoria de la Federación (ASF), audite las participaciones federales a los Estados y consigne irregularidades a tribunales federales.
