Durante mi paso como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados (2000-2003), me percaté que había enormes gastos en casi todos los sectores del gobierno sin traducirse en un beneficio social. Esos gastos se consideraban ‘irreductibles’ e intocables, y menos en rublos como salud, educación y programas sociales.

La asociación civil Mexicanos Primero demostró que un elevado porcentaje de los gastos en el sector educativo no se traducen en una mejor educación. Las investigaciones para instrumentar una reforma educativa confirmaron lo denunciado por Mexicanos Primero de que en sindicatos, maestros que no dan clases y en gastos administrativos se desperdician millones destinados a la educación. En el sector salud, IMSS e ISSTE sucede algo parecido que en el sector educativo.

La mayoría del llamado gasto social no cumple con los objetivos de reducir la pobreza, aunque sí en apoyar al partido en el poder a ganar elecciones. De 2012 a 2014 aumentaron los gastos para el combate a la pobreza en 22 por ciento, pero el número de pobres se incrementó en dos millones, según datos del Coneval. Miles de millones sin beneficio social, aunque sí político electoral.

Las crecientes transferencias de recursos de la federación a los estados no reflejan una mejora social, pero sí desviaciones de miles de millones, como da cuenta la Auditoria Superior de la Federación.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Cofece señalaron que en promedio los precios a los que compra el gobierno mexicano son 37 por ciento superiores a los del mercado. Sin corrupción en las compras se ahorrarían miles de millones.

Si hubiera voluntad política del gobierno federal y de los principales partidos, se podría disminuir en 20 por ciento o más el gasto público, sin reducir la calidad y cantidad de los bienes y servicios que prestan los tres niveles de gobierno y los tres poderes. Si no lo hacen, tendremos que esperar una crisis como en los años 80 en México o parecida a la crisis griega para empezar a recortar en serio el gasto público.