Un funcionario del SAT (Servicio de Administración Tributaria) manifestó que harían una investigación para determinar si Estados Unidos se convirtió en un paraíso fiscal al bajar impuestos. Aunque a los pocos días la SHCP señaló que no harían esa investigación, quedó de manifiesto que muchos funcionarios consideran un bien para la sociedad aumentar impuestos y una política antisocial reducirlos.
Las encuestas más serias arrojan que entre los candidatos de los tres partidos más importantes, el del PRI se rezagó a un tercer lugar y sus preferencias se redujeron.
Varios analistas justifican o culpan a Meade por la caída del PRI: que no tuvo la suficiente cobertura en spots, que no tiene cualidades, etc. ¡Falso! el problema no es Meade sino el partido que representa.
En una investigación publicada por The Wall Street Journal, Matthew J. Slaughter Decano de la Escuela de Negocios en el Tuck Dartmouth College en New Hampshire, demuestra que la salida de los Estados Unidos del North American Free Trade Agreement (NAFTA) o Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), le costaría 50 billones de dólares al año.
El actual gobierno presume ser el sexenio del empleo, pero al analizar el comportamiento de la economía del 2013 al 2017, el saldo de la situación económica de México es negativa. Retrocedimos en lugar de avanzar. Los cambios positivos, como la apertura del sector energético, fueron tardíos, incompletos y acompañados de una administración que saqueó y endeudó irresponsablemente a Pemex.
Gobierno federal presume que en 2017 obtuvo un superávit primario, es decir, sin considerar el pago de la deuda, equivalente al 1.4% del PIB, lo que parece positivo y concuerda con el mínimo considerado necesario para frenar crecimiento del déficit y la deuda por calificadoras internacionales. Ese “logro” aparenta un reordenamiento de las finanzas públicas que permitió una disminución del déficit público al 1.1% del PIB, lo cual a primera vista es una buena noticia.
Muchos funcionarios piensan que los ciudadanos deben pagar todos los impuestos simplemente porque lo dice la ley. Esa idea es propia de los regímenes dictatoriales, de los seguidores de Kelsen y de los positivistas radicales, quienes consideran la ley como fuente del derecho y no el derecho como fuente de la ley.
“El 10% más rico de la población mexicana concentra el 39.7% del ingreso, de acuerdo con el Banco Mundial”. Esas noticias les encantan a los políticos que proponen una utópica sociedad donde todos tengan el mismo ingreso, que para lograrlo, dice la izquierda “moderna”, hay que aumentarles impuestos a los ricos para a través del Estado transmitírselos a los pobres.
Antes del año 2000, los gobernadores eran virreyes, el rey era el Presidente. Cuando el Presidente deja de ser del PRI, los gobernadores aplican un principio de sus constituciones, que antes no funcionaba: los Estados son “libres y soberanos”. No dan cuenta a nadie de los recursos que reciben y se convierten en reyes de sus Estados. Para los gobernadores priistas el Presidente, que no fue del PRI del 2001 al 2012, y no tenía el poder de hecho ni legal para nombrar y destituir gobernadores, deja de ser su jefe.
El actual gobierno presume ser el sexenio del empleo y del cambio, pero al analizar el comportamiento de la economía del 2013 al 2017, el saldo de la situación económica de México es negativo. Retrocedimos en lugar de avanzar. Los cambios positivos, como la apertura del sector energético, fueron tardíos, incompletos y acompañados de una administración que saqueó y endeudó irresponsablemente a Pemex.
En los últimos 100 años la productividad y la oferta de alimentos, ropa, electrodomésticos, medicinas, viviendas, autos, y otros satisfactores, aumentaron en los países donde predominó el mercado y la mayoría de la producción ha estado en manos de empresas privadas sujetas a la competencia. Hay libertad de precios, de importaciones y exportaciones.
Hace 100 años se engendró la Revolución Rusa, que convirtió las teorías de Marx en políticas económicas. Muchos académicos, líderes obreros, jóvenes y políticos, empezaron a leer a Marx y compraron la idea que en Rusia, convertida al poco tiempo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estado federal Marxista Leninista, se lograría un sistema de y para los trabajadores, donde ellos manejarían las empresas, tendrían mejores niveles de vida, habría igualdad económica y desaparecía el capitalista y el Estado explotador.
Independientemente del destino de los impuestos, que es el factor que les da legitimidad, desde las últimas décadas a la fecha su aumento se ha convertido en uno de los principales factores que mantienen bajos los niveles de inversión y crecimiento en Europa y en América.
Los mexicanos no son corruptos por naturaleza. Los altos porcentajes de corrupción son resultados de un entorno legal que la propicia. En México es más fácil y productivo ser corrupto que honesto. Los corruptos ganan, los honestos pierden. El lema “el que no transa no avanza” lo hace realidad un entorno lleno de reglamentaciones y leyes confusas, con un alto grado de discrecionalidad, que deja en manos de los funcionarios el poder abrir una empresa, construir, cambiar de giro, vender, comprar y contratar.
“El salario mínimo no alcanza, hay que aumentarlo” dicen políticos para ganar simpatizantes entre ignorantes de los resultados de subir los mínimos, que reducen los ingresos reales de los que viven en la informalidad, la mayoría de los cuales no tiene un patrón que les pague un salario, son auto empleados, empresarios callejeros o en su casa.
México se encuentra en el segundo lugar mundial de impunidad. Se publican noticias que involucran a importantes funcionarios en casos de corrupción, pero pocas denuncias públicas se convierten en investigaciones formales, aunque incluyan pruebas documentales y testimoniales que en otros países son suficientes para encarcelar a encumbrados funcionarios públicos, incluidos Presidentes. En México esas acusaciones se publican unos días en la prensa, pasan de moda, pocos ciudadanos las recuerdan y las autoridades las desdeñan.
No cabe duda que la posible conclusión del Tratado de Libre Comercio puede causar una disminución en el crecimiento económico de México y en la generación de empleos, pues alrededor del 80% de nuestras exportaciones van a los EU, sin embargo, una reducción de impuestos en el vecino país del norte puede golpear a la economía mexicana igual o más que la terminación del Tratado.
Una de las tentaciones en las que cayó el gobierno de México es la de manipular los indicadores macroeconómicos para crear una visión de avance social donde en realidad existe un retroceso. Dos ejemplos son los datos relativos a la reducción de la pobreza y a la creación de empleos.
Al revisar el presupuesto planeado por el gobierno para 2018, vemos que los ingresos estimados no son realistas y el gasto programado está en la misma línea que los presupuestos inflacionarios y desequilibrados de los años anteriores.
El gobierno panista de Vicente Fox denunció ante la PGR la triangulación de recursos de Pemex al PRI vía su sindicato. Salieron a la luz pública documentos donde se probó que “ayudas” al sindicato de Pemex por aproximadamente 1,500 millones de pesos fueron canalizadas al PRI para apoyar en la elección presidencial a su candidato en el año 2000, aunque aproximadamente la mitad de esos recursos quedaron en manos de los operadores, como es costumbre en ese partido.
Hace 22 años economistas, activistas y partidos de izquierda se oponían a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Los argumentos eran muy parecidos a los que actualmente esgrime Trump. La izquierda mexicana decía que era asimétrico firmar un tratado con un país mucho más rico que nosotros, que nos iban a inundar de productos y causaría desempleo. Ahora Trump habla de que nos aprovechamos de Estados Unidos, es injusto el TLC y hemos generado desempleo en su país.